El dueño de Sur Finanzas quedó bajo custodia tras presentarse en un juzgado federal. La investigación apunta a una presunta asociación ilícita, alcanza a 17 clubes deportivos y analiza operaciones por unos $818.000 millones.
Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y vinculado financieramente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes en el marco de una causa judicial que investiga un presunto esquema de lavado de dinero. El empresario está señalado como supuesto jefe de una asociación ilícita, una acusación que rechazó y ante la cual se declaró inocente.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, luego de que las autoridades no lograran localizar a Vallejo en el domicilio informado ante la Justicia. Antes de que se concretara el procedimiento, el financista se presentó en el juzgado y quedó bajo custodia.
La investigación cuenta con la intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco. El expediente analiza presuntas maniobras que habrían ocurrido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
Los contratos con clubes, bajo investigación
Según la hipótesis de los investigadores, los contratos de patrocinio entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas podrían haber sido utilizados para dar apariencia de legalidad a movimientos de dinero sin una contraprestación real. La Justicia busca determinar si empresas vinculadas al grupo fueron empleadas para lavar activos y obtener ganancias ilícitas mediante presuntas maniobras de administración fraudulenta.
La causa alcanza a 17 instituciones deportivas: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Platense, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
La defensa de Vallejo
El empresario había declarado el 26 de mayo, cuando la causa estaba a cargo del juez Luis Armella. En aquella oportunidad, presentó un escrito, rechazó las acusaciones y se negó a responder preguntas.
“Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”, sostuvo Vallejo. Además, calificó el expediente como una causa mediática y aseguró que estaba a disposición de la Justicia desde diciembre de 2025.
En su presentación, declaró un patrimonio de $1.800 millones, cuyo origen atribuyó a su actividad laboral y empresarial. También sostuvo que las cuestiones administrativas, contables y tributarias estaban a cargo de asesores internos y externos.
Respecto de su relación con Banfield, explicó que había sido patrocinador de la institución y que le había otorgado un préstamo. Aseguró desconocer los manejos internos del club y afirmó que todavía no había recuperado el capital ni los intereses correspondientes.
Una Ferrari y operaciones millonarias
Entre las medidas de la investigación figura el secuestro de una Ferrari California negra, valuada en aproximadamente 320.000 dólares, que utilizaba Vallejo. El vehículo fue localizado el 6 de agosto en un garaje de Puerto Madero, cubierto y sin las patentes colocadas.
Según la información del expediente, el automóvil había estado registrado a nombre de una sociedad vinculada al grupo. Después de los allanamientos realizados en diciembre de 2025, una jubilada de 73 años apareció como nueva propietaria. La Fiscalía cuestionó la falta de entrega del vehículo a la Justicia y la acreditación del origen de los fondos utilizados para adquirirlo.
La pesquisa también comprende operaciones por unos $818.000 millones. Los investigadores sospechan que parte de esos movimientos involucraba a personas y empresas cuya capacidad económica no sería compatible con los montos registrados.
Por otra parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas PSP S.A. por una presunta evasión tributaria superior a los $3.327 millones. A pedido de la Fiscalía, la Justicia ordenó avanzar en la determinación de la deuda impositiva de la firma, otras sociedades del grupo y personas vinculadas con la estructura investigada.
La causa continúa bajo investigación para esclarecer el origen y el destino de los fondos, las posibles responsabilidades de los involucrados y el alcance de las presuntas maniobras financieras. Las acusaciones deberán ser probadas en el proceso judicial y rige el principio de presunción de inocencia.








